En el marco del Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, integrantes de la 75 Legislatura de Michoacán se dijeron a favor de un marco jurídico construido a partir del diálogo, el consenso y las coincidencias.
Al compartir el presidium con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda y de su compañera Adriana Hernández Iñiguez, el diputado Jesús Hernández Peña, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, resaltó la importancia de llevar a cabo un Parlamento Abierto para escuchar las voces, opiniones y propuestas de todos los participantes.
Aseguró que se trabaja para que la próxima Ley en materia de movilidad contemple las diferencias y necesidades de cada lugar y la forma de combatirlas.
Por su parte, la legisladora Julieta García, se congratuló por el interés que ha mostrado la población para participar en los trabajos de las mesas que engloban los temas que les permitirá desarrollar una ley acorde a las necesidades y que también proteja los derechos de los ciudadanos en temas como movilidad, seguridad vial, sustentabilidad y transporte público integral.
A su vez, la diputada Adriana Hernández Iñiguez, reconoció que el Congreso del Estado tiene pendiente la tarea de armonizar la legislación local con los parámetros establecidos en la Ley General de la materia; pero que ha sido por la necesidad de aterrizar un planteamiento que concilie intereses y agregue voluntades.
Precisó que el parlamento constituye una muestra de apertura del Legislativo estatal, para escuchar a la sociedad civil en materia de movilidad.
Se tiene, dijo, la voluntad para incorporar a la nueva normatividad aquellas ideas que contribuyan a poner en el centro a los peatones y a las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente marginados, sin que ello signifique un obstáculo para la inversión o la creación de empleos en el sector.
Finalmente, señaló que la buena política incluye el diálogo con la ciudadanía para así nutrir la labor legislativa que derive en leyes justas, destinadas a ensanchar y a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución.
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